Con la entrada en vigor de la Ley 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, se introdujo la obligación de recurrir previamente a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), antes de acreditarlo.
 

Los MASC incluyen mecanismos como la mediación, la conciliación, la oferta vinculante, la negociación directa entre las partes o sus abogados, la opinión neutral de una persona experta independiente o el procedimiento de derecho colaborativo, entre otros. El objetivo de estos mecanismos es fomentar acuerdos entre las partes y reducir la judicialización de los conflictos.
 

Aunque en nuestro despacho siempre hemos priorizado la negociación previa antes de interponer cualquier procedimiento judicial, buscando el resultado más beneficioso para el cliente, y que la Ley de Enjuiciamiento Civil ya preveía la posibilidad de recurrir a la mediación para resolver conflictos, esta nueva regulación introduce un cambio relevante en la forma de afrontar los conflictos legales.
 

En este contexto, el asesoramiento jurídico previo resulta especialmente importante, tanto para valorar qué medio es el más adecuado en cada caso, como para garantizar una correcta preparación del procedimiento, en caso de que no se llegue finalmente a un acuerdo.